29.11.17

Ciencia y Tecnología en demasía: la demostración en exceso

1a. quincena, diciembre 2017


Ciencia y Tecnología de Multitudes


Un refrán del francés pone de relieve el margen que desborda toda formalidad del conocimiento: “Cuando se quiere demostrar en demasía, se termina por demostrar lo contrario”.1 El elogio público desmedido a la actividad en Ciencia y Tecnología se traiciona por exceso, cuando se lo coteja con la actual polémica sobre los fondos estatales destinados a ese sector socio-profesional.

Inicialmente, una carta que recibió el apoyo masivo de investigadores -sobre todo entre quienes integran el Repertorio de la ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación), entre ellos quien suscribe- reivindicó la insuficiencia de los fondos destinados desde el ámbito gubernamental a la actividad investigativa.2 Un elemento que se destacaba en el texto era, asimismo, la acusación dirigida contra el actual directorio de la ANII y centrada en la persona de su presidente, Fernando Brum, de seguir una política de transvasamiento de fondos lesiva para la investigación fundamental. A su vez, el directorio de la ANII respondió conjuntamente ante la opinión pública, con consideraciones relativas a la administración presupuestal, sin dejar de adherir al reclamo de mayores fondos para la investigación en su conjunto.3

Hasta aquí, todo forma parte de la habitual apelación de distintos grupos y sectores -un nucleamiento de investigadores por un lado, el directorio de una institución estatal, por el otro-, que dirigen sus reclamos y descargos a la opinión pública, con el propósito de ampliar el apoyo con que cuentan, de neutralizar efectos adversos, o incluso, de alcanzar un objetivo institucional.

Lo que deja perplejo ante esta típica pugna entre sectores y grupos por la obtención o incluso la administración de recursos, es la abismal contraposición que surge cuando se la coteja con el aura beatífica que rodea en los medios, ya desde largo tiempo atrás, el aporte de la Ciencia y la Tecnología al desarrollo del país, cuando no, a la “pública felicidad”. Una notoria campaña mediática se destaca no sólo por la diversidad de las instituciones (públicas, privadas, medios de prensa) y de sectores de opinión que la protagonizan, sino ante todo por la exaltación al unísono del futuro venturoso que fatalmente acarreará, para el Uruguay, el desarrollo en Ciencia y Tecnología.

Mientras entran en conflicto quienes debieran alcanzar un logro comunitario, la apología de una misión cognitiva que se presenta tan ineluctable como transparente no deja de plantear interrogantes, justificadas y preocupantes, sobre todo porque se invoca ante todo el bien común (es decir, en este caso, el de terceros).

Quizás convenga, para situar las proporciones del asunto, considerar algunas perlas de un ya dilatado y cargado collar de acciones publicitarias:

-Por si faltara, con la ANII, la UTEC (Universidad Tecnológica), el Instituto Pasteur y la Academia de Ciencias “creaciones institucionales” destinadas a Ciencia y Tecnología, cada una con su propia política de difusión, acaban de ser creadas la Secretaría de Ciencia y Tecnología en la órbita de presidencia de la República y la Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento en el Ministerio de Educación y Cultura. Esta última dirección invita a una “1a. Jornada de Reconocimiento a la Ciencia”. La actividad se dirigirá al reconocimiento “de los investigadores consolidados y a nuestros futuros científicos”, pero contará asimismo con un espectáculo que incluye la presencia de un divulgador y las actuaciones de artistas.4

-Distintos órganos de prensa no sólo presentan secciones específicas destinadas a “Ciencia y Tecnología”, sino que además algunos han desarrollado líneas periodísticas, no ya de divulgación, sino incluso de promoción del perfil socio-profesional del investigador. Se destaca en este terreno del culto a la personalidad académica “reconocida” (vimos que incluso la Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento se adelanta al presente y reconoce a “futuros investigadores”), el sesgo que la galardona no sólo con el saber, sino además con el humor, la simpatía y hasta un lado “light” pero humano, que disuelve con efecto de “diversión” el prejuicio con que se presenta, como árido e insulso, el camino de la ciencia y la tecnología.5

-La propia emisión televisiva se ha hecho cargo de presentar a los científicos uruguayos con viso de próceres de la patria. Así contamos en TNU (Televisión Nacional del Uruguay) con el programa Sobre hombros de gigantes, que retoma la senda trazada por algunas ediciones de libro, donde se esbozaba la misma semblanza de epopeya-científica-nacional-uruguaya.6


Ciencia y Tecnología del sinsentido


Quizás aporte a la comprensión de cierta paradoja, que surge cuando se contrapone la apología mediática del conocimiento (que debiera suscitar tantas unanimidades como exige una finalidad incuestionable) al conflicto por recursos, recapitular algunos episodios que constituyen antecedentes significativos de una confrontación aparentemente sin sentido, al menos, tal como se encuentra habilitada la información para la opinión pública en los medios de comunicación.

-En 2013 una primera postulación del actual presidente de la ANII, Fernando Brum, surgida de la conducción del propio organismo, fue cuestionada por cierto entorno del por entonces presidente Mujica, quien no tuvo empacho en intervenir para dilucidar un conflicto a favor propio en un organismo estatal no autónomo.7

-Un informe elaborado por científicos de la facultad de Ciencias8 que advertía del riesgo de contaminación, ante el emprendimiento celulósico de Botnia sobre el Río Uruguay, fue cuestionado en 2006 por medio centenar de científicos vinculados a la Sociedad de Ingenieros y la Facultad de Química.9

-La investigadora María Eugenia Jung describe las condiciones contextuales en que tuvo lugar la creación en 1961 del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICYT) en el (por entonces) Ministerio de Instrucción Pública. Ese organismo ministerial se instala poco después de la obtención de la autonomía legal por la Universidad de la República y refleja la orientación de la primera “carta de intención” firmada con el FMI, tras la victoria electoral del Partido Nacional en 1958. Esta novedad institucional traducía la orientación “panamericanista” que adquiría la Doctrina de la Seguridad Nacional, formulada por los EEUU en el marco de la Guerra Fría, en cuanto el vector tecnológico pasaba a formar parte, para aquel país, de la panoplia militar. La creación del CONICYT es vista con buenos ojos, señala Jung, por un núcleo de científicos uruguayos, aprensivos ante la “politización” que acarreaba la lucha por la Ley Orgánica, en cuanto podía significar, una vez alcanzado el objetivo autonomista, una limitación para la libertad de investigación.10

Tanto la referencia de Jung a la Doctrina de la Seguridad Nacional en el marco de la Guerra Fría, como la conformación de un corporativismo de investigadores, coinciden con la descripción que hace Foucault del surgimiento de una sinergia política de los colectivos de científicos en Verdad y Poder. El filósofo insiste en que la proyección política de los científicos no pasa por un ascendiente sobre las masas, que se vincularía a la divulgación, ya que de todas formas, teniendo conciencia o no, las masas están involucradas. Tampoco supone el mero efecto de aparatos de clase o de Estado, ya que si bien estos enmarcan el desarrollo científico, connotan ante todo la significación estratégica del sector socio-profesional en términos de poder. Ni tampoco finalmente es decisiva la ideología cientificista, ya que de hecho no todos los científicos la sostienen, sino que por el contrario, debe entenderse ante todo la reversión del significado de la verdad en vector político.11

Esta transformación es leída por Foucault como efecto del nuevo rol de los científicos después de la 2a Guerra Mundial (en razón de la propia incidencia de la tecnología nuclear). Desde la perspectiva de los movimientos sociales nacientes, el mismo autor la percibe como un ariete contra el poder de Estado, así como un recurso a preservar de la influencia de los partidos, ante todo la del Partido Comunista. Verdad y Poder expresa, a mediados de los 70', la perspectiva de una lucha contra el poder de Estado con cierta participación socio-profesional, diferenciada y revulsiva, de los científicos.

Sin duda muchos de los investigadores que firmaron la carta dirigida la semana pasada al presidente de la República entienden que la actividad investigativa corresponde a un designio de desarrollo nacional, e incluso suponen que la política partidaria y el Estado-nación pueden y quieren jugar un rol dinamizador y articulador en esa perspectiva. El balance que hacía Foucault en los 70', en cuanto sostenía una vectorialidad socio-profesional de la tecno-ciencia, debe además comprenderse, al día de hoy, en términos de un proceso de articulación mundialista, que lo potencia estructuralmente y lo proyecta hacia un contexto de globalización.

Sin necesidad de recurrir a un bagaje téorico que se ha desarrollado estos últimos años, en particular en torno a la inscripción del saber tecnológico y científico entre los vectores de la integración mundialista, la propia lectura de la contienda que se entabló en el Uruguay días atrás entre distintos grupos de académicos, pone de relieve la transformación mundialista que se incorpora bajo el rótulo de “desarrollo tecno-científico”.


Ciencia y Tecnología Empresarial


Un grupo entre los firmantes de la carta al Presidente Vázquez dirige, pocos días después, un texto de toma de posición ante el debate desarrollado en pocos días.12 Tras declararse parte de la “sociedad del conocimiento”, los firmantes desarrollan una descripción de la situación del sector académico que integran, en cuanto esa situación permanece incambiada desde largo tiempo atrás. Señalan lo lejos que se está de obtener un financiamiento de la magnitud del 0,1 % del PBI para el sector, la necesidad de multiplicar entre 3 y 10 veces el número de investigadores, así como el costo de la formación específica y el alto riesgo de pérdida de quienes se encuentran habilitados, una vez que han alcanzado las calidades que se requiere.

Una vez llegados a este punto del balance, surge un subtítulo del texto de por sí sugestivo: “Inserción de investigadores e investigación extra-académica”. Los autores se interrogan, a continuación, acerca de la situación socio-profesional de los investigadores, se preguntan por la viabilidad de la actividad tecno-científica en el país y encuentran la respuesta en la inserción de los laboratorios, "en todo el mundo", en “empresas de un porte significativo”. El razonamiento que sigue identifica estas empresas con las empresas públicas del Uruguay, así como con intendencias, direcciones de ministerios o instituciones como el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). Esta secuencia de organismos explicita lo que se entendía por “extra-académico” en el subtítulo que introducía el pasaje: se trata de actividad investigativa contratada por el propio personal político y puesta bajo la conducción directa o indirecta de la órbita partidaria, nunca de la orientacion académica autónoma.

El texto no deja de apelar una vez más a una campaña de opinión pública destinada a persuadir indirectamente al estamento partidario, a través de la difusión de las bondades de la actividad científica para el país, con el fin de obtener los recursos necesarios (es decir,de habilitar “Ciencia y Tecnología" como ítem de plataformas político-electorales). Por último el planteo no deja de cerrarse subrayando la cooperación posible que se evidencia, según los firmantes, en un contexto de conciliación de intereses.

Muy distinta ha sido la opinión del Rector Markarián con relación a esta coyuntura abierta por la carta al presidente de la República. Tras señalar que personalmente no firmó la carta en razón de la investidura de Estado que ocupa, Markarián subrayó que el presupuesto de la universidad sólo creció significativamente en el primero de los tres períodos de administración frenteamplista, mientras por otro lado la UTEC no logra despegar en número de estudiantes, circunstancia que sigue sumando matrícula a la Universidad de la República. Esta última observación es clave: incluso en aras de un proyecto tecnológico, los aparatos estatales pro-empresariales no logran cautivar la demanda estudiantil.13

Quizás porque un saber puesto al servicio de una empresa, sea esta nacional o privada, no dejará de articularse con el criterio del efecto inmediato que sostiene toda empresa, por su propia índole vinculada a la gestión de recursos, a los intereses de los clientes y a la obtención de ganancias. ¿Podrían las empresas públicas, por ejemplo, brindar una alternativa al respecto, cuando el propio Estado acaba de firmar un acuerdo por el que sujeta el destino de la inversión pública, a iniciarse desde ya, a la decisión futura de una empresa extranjera?14


1“A trop vouloir démontrer, on finit par démontrer le contraire”.
2“Carta abierta de los investigadores al Presidente Dr. Tabaré Vázquez”, Voces (23/11/17) p.2.
3“La posición de la ANII” La Diaria (22/11/17) https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/11/la-posicion-de-la-anii/#!
5Slonitsky, D. “¿Quiénes son los científicos más sexies?” El Observador (25/11/17) https://www.cromo.com.uy/quienes-son-los-cientificos-mas-sexies-n1145166
7“Batalla política en la designación del presidente de la ANII”, Uypress (18/04/13) http://www.uypress.net/auc.aspx?39424
8“La uruguaya Universidad de la República advierte el impacto negativo de la instalación de las pasteras” Zoom (2/06/06) http://revistazoom.com.ar/la-uruguaya-universidad-de-la-republica-advierte-el-impacto-negativo-de-la-instalacion-de-las-papeleras/
9Viscardi, R. “Narciso en el espejo de La Haya”, Compañero, http://www.pvp.org.uy/viscardi6.htm
10Jung, M. “La UDELAR y la creación del CONICYT: debates y conflictos (1961-1964)” Revista Encuentros Uruguayos, Vol. 1, No. 1, Diciembre 2013, pp.32-49. http://www.academia.edu/6803352/La_UDELAR_y_la_creaciC3%B3n_del_CONICYT_debates_y_conflictos_1961-1964_
11Foucault, M. (1979) “Verdad y Poder” en Microfísica del poder, Ediciones de la Piqueta, Madrid, p. 187 http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2014/12/doctrina39453.pdf
12"¿Por qué más de 1000 investigadores firmaron una carta abierta en menos de 24horas? La Diaria (25/11/17) https://findesemana.ladiaria.com.uy/articulo/2017/11/por-que-mas-de-1000-investigadores-firmaron-una-carta-abierta-en-menos-de-24-horas/#!
13Markarián: en el tercer gobierno del FA cayó la inversión universitaria”, El Observador (27/11/17) https://www.elobservador.com.uy/markarian-el-tercer-gobierno-del-fa-cayo-la-inversion-universitaria-n1145811

14.11.17

UPM-ROU: Agradecimientos


2a. quincena, noviembre 2017


El texto que sigue fue presentado en el evento “Globalización, poder, pensamiento” que tuvo lugar por iniciativa autoconvocada en el Ateneo de Montevideo, el 13 de noviembre de 2017.

En primer lugar quiero agradecer a los organizadores de este evento por la invitación a participar en “Globalización, poder, pensamiento”. En segundo lugar quiero dirigir un agradecimiento de otra índole, al Gobierno Nacional del Uruguay, por el aporte institucional decisivo que ha hecho al Contragobierno, en cuanto acaba de firmar días pasados un acuerdo en pie de igualdad con una empresa transnacional. Queda claro que en este emprendimiento, que se presenta como gravitante para el destino nacional del Uruguay bajo un criterio de desarrollo, cualquiera de las partes puede desistir de los términos del proceso que se promueve conjuntamente, en el curso de un plazo de dos años, a partir de la reciente firma del documento. Si existe igualdad de condiciones de las partes firmantes ¿por qué hablar de “Contragobierno”? Porque las partes no se encuentran en igualdad de condiciones desde el punto de vista gubernamental, aunque sí, como surge del documento firmado, desde el punto de vista contragubernamental.

Cabe aclarar que no está en juego una cuestión de derechos entre personas jurídicas, como la que interviene entre un particular y el gobierno nacional en un estado de derecho: reitero que el documento invoca el desarrollo nacional, de forma inequívoca, como destino del emprendimiento.1

La desigualdad entre los firmantes que consolida la vigencia del Contragobierno proviene, por lo tanto, de la significación pública de cada una de las partes: una encuentra su razón de ser en la colectividad nacional, la otra en el desarrollo empresarial. Se dirá que entre las llamadas “funciones secundarias” del Estado, que interpreta cada gobierno a su turno, se encuentra la promoción de las mejores condiciones para el desarrollo social y económico de una nación, condiciones de las que forma parte el propio desarrollo empresarial. La novedad consiste en este caso, contrariando ese criterio, en que no es la entidad nacional la que fomenta la empresa para el mejor cumplimiento de sus fines, sino la empresa -por si poco faltara, transnacional- la que pauta las condiciones del desarrollo nacional, fijando metas, modalidades y reservándose la potestad de entender, una vez que la nación uruguaya en este caso, haya desplegado todos los esfuerzos posibles, que los gestos en su favor no satisfacen, a su criterio, la debida evaluación.2

Esta paridad entre el interés empresarial y el interés nacional deja de manifiesto que ninguno de los dos puede aspirar a ejercer por su cuenta la condición soberana, cuya existencia requiere una potestad singular e indivisible de decisión.3 La empresa (UPM en este caso) encuentra vedada esa condición por su propia índole institucional, en cuanto representa un interés particular y no una orientación pública como tal, el segundo (el Gobierno Nacional) por su desistimiento, ya que renuncia a una potestad constitucional al colocarse bajo la férula empresarial.

En cuanto desde el punto de vista de la tradición que integra nuestro país no existe gobierno que no se funde en el principio de Soberanía, la claudicación del gobierno nacional manifiesta el abandono del mismo principio tal como la Modernidad lo postuló: como potestad intangible de un conjunto ciudadano (el pueblo). Esa declinación gubernamental del principio de Soberanía plantea el Contragobierno como discusión o explicitación de la soberanía de cada parte (por ejemplo, a través de condiciones a cumplir recíprocamente por las partes contractantes), de forma tal que instala la posibilidad de que el poder se revierta sobre la escena pública en su conjunto.

Tal posibilidad de contragobierno no supone desconocer, bajo un criterio de subversión institucional, el centro gubernamental del poder en tanto facultad administrativa, sino que el poder, en tanto que conjunto vectorial de distintas incidencias estratégicas, queda distribuido entre una potestad crítica y participativa de los individuos y los grupos, diseminado en el todo social. Tal conjunto no puede, en el presente, entenderse al margen de la emisión a distancia que posibilita la tecnología, ni por consiguiente, como apartado de la movilización inmediata y reivindicativa, a escala nacional e internacional.

Quizás ayude a percibir la orientación del Contragobierno reseñar brevemente, antes de pasar a una propuesta de acción, la genealogía y la cronología, en este caso singularmente entrelazadas, de esta propuesta. Entre los años 1987 y 1990 se publicaron en la revista Relaciones un conjunto de artículos, recopilados en un libro que se denominó “Después de la política”, que se presentó en 1991.4 Tal propuesta se apoyaba en el devenir de lo político y señalaba que el ascenso simultáneo y multiplicado, tanto en el Uruguay como en el ámbito internacional, de los movimientos sociales y las empresas transnacionales, iba a perforar la condición supuestamente soberana de los estados-nación. Esta transformación se acompañaba, en el plano del saber, por el ascenso del criterio discursivo, que deslegitimaba la potestad epistémica de la representación, colocándola bajo el criterio singular y diversificador de la enunciación, por naturaleza plural, diversa e idiosincrática.

Hacia inicios del siglo actual, esa propuesta sumó el criterio de globalización, como incidencia de la mediación a través de la tecnología. En cuanto vincula a los individuos en un intercambio a distancia, la interacción mediática determina la articulación de los contextos nacionales y promueve la diseminación de las sensibilidades (etarias, de género, profesionales, etc.), en razón de una proliferación de los márgenes de identificación simbólica. Esa incidencia de la tecnología también determina que la representación social de masas, es decir, la substitución de una presencia colectiva por otra que toma su lugar (pueblo, partido, ideología, etc.), quede progresivamente en manos del empresariado, habilitado para traducir todo asunto público en campaña mediática (inclusive y ante todo, la política partidaria, hoy en manos de publicistas y encuestadores).

Con ese criterio describimos el falso conflicto bi-nacional entre Uruguay y Argentina, como un conflicto de globalización, gobernado mediáticamente por la empresa y motivado ante todo por un conflicto entre la transnacional Botnia y el movimiento social ambientalista de Gualeguaychú. Este análisis dio lugar al libro “Celulosa que me hiciste guapo”, publicado en 2006.5

Finalmente en la actualidad la hipótesis del Contragobierno se dedica a estudiar la conformación de un sector tecno-intelectual, integrado por un funcionariado del capital tecnológico (que como sabemos tiene su cotización sectorial en la Bolsa de Valores de algunos países), cuya órbita social se orienta por medio de la “Nueva gestión pública” promovida por el Banco Mundial. Esta dinámica ha llevado en nuestro país a la creación -sugestivamente bajo gobiernos del Frente Amplio- de un conjunto de organismos públicos y mixtos (público-privados) apartados de las instituciones tradicionales de la Educación Pública, con el efecto de desviar fondos estatales en provecho de la empresa transnacional, que obtiene pingües réditos a partir de los saberes biológicos, informáticos y financieros.6

Me importa destacar, para neutralizar dos prejuicios que instruyen perversamente nuestra idiosincracia política nacional, a saber “no le hagás el juego a...” y “cuidado...podría ser peor”, que este planteo que sostengo se inicia años antes del primer triunfo electoral del actual partido de gobierno en Montevideo, e incluso reconoce claros antecedentes políticos y académicos personales con anterioridad a mi retorno del exilio. Es por lo tanto el fruto de una reflexión emprendida con la trayectoria formativa y militante, no con la inscripción estratégica, ni menos, bajo un mismo horizonte político. De todo lo anterior se entiende que la propuesta del Contragobierno no es una propuesta nostálgica que anhele retornar a un pasado de soberanía y gubernamentalidad nacional, sino que ante todo se funda en la obsolescencia de esa perspectiva, de la que conviene ya hacer el duelo y a la que corresponde oponer una alternativa efectiva.

Pasemos entonces a la propuesta en el presente. Debiera considerarse a mi entender, que el período de dos años que se da el gobierno nacional para cumplir con las exigencias presentadas por UPM, también es un período de dos años para movilizar y organizar a la colectividad nacional e internacional sobre el alcance y la perspectiva del emprendimiento celulósico. Dos años para cuestionar prebendas impositivas que consolidan un modelo extractivo que se fortaleciera con la instalación de Botnia (ahora UPM) y Montes del Plata, analizar la orientación estratégica que se da a la tecnología bajo signo empresarial, subrayar el impulso que recibirá la desigualdad que ha campeado incrementándose con el mismo modelo económico desde 2005, denunciar el incremento de la marginalidad que conlleva, tal como ha sucedido entre nosotros, todo desarrollo tecnológico que no proviene de una fuente incorporada y autosustentable, condenar los perjuicios ambientales que genera una productividad subordinada a la ganancia. En fin, gracias al acuerdo UPM-ROU dos años de Contragobierno por delante, con movilización y crecimiento crítico !!


2 Nuñez, A. "La tan deseada sumisión: el acuerdo entre Uruguay y la corporación finlandesa UPM
https://redfilosoficadeluruguay.wordpress.com/2017/11/10/la-tan-deseada-sumision-el-acuerdo-entre-uruguay-y-la-corporacion-finlandesa-upm/
3Derrida, J. (2001) L'Université sans condition, Galilée, Paris, p.20.
4Viscardi, R. (1991) Después de la política, Juán Darién, Montevideo.
5Viscardi, R. (2006) Celulosa que me hiciste guapo, Lapzus, Montevideo.
6Maniglio, F. (2016). «La subsunción del saber: la transformación de la universidad en la época del Capitalismo Cognitivo», en Sierra, F. (ed.) Capitalismo cognitivo y economía social del conocimiento, Ciespal, Quito, p.191.

29.10.17

Sarthou y la polémica: totalitarismo y totaliterismo


2a quincena, octubre 2017



La imputación dirigida contra Hoenir Sarthou en el semanario Brecha1 no presenta carácter de “protesta” -en el sentido reivindicativo del término- consustancial a la acusación, según la escena en su conjunto. Ni de parte del imputado ni de parte de los impugnadores. Sarthou no se presenta como abanderado de una causa cuyo anclaje suscite el sentimiento, sino ante todo como un crítico del presente, de forma que a partir de una composición de lugar que hace consigo mismo moviliza, caso por caso, la lectura y por tanto la decisión propia de los destinatarios que espera persuadir. Estas intervenciones no se vinculan como tales a los intereses de un medio profesional o a una colectividad, sino a la participación en un órgano de opinión y en emisiones radiales o registros audiovisuales, que difunden las opiniones de Sarthou entre otras. Por lo tanto lo que se cuestiona (por vía igualmente crítica) en la impugnación que le dirigen Neves y Corti, no es un clamor de justicia personal o grupal, sino un protagonismo de opinión formalmente postulada. Incluso tanto la acusación como las tomas de posición del imputado cunden por canales mediáticos. Estamos por consiguiente ante un contexto íntegramente mediático y crítico, tal como lo requiere la denominación “Criminalización mediática de la crítica” (postulada en distintos trabajos vinculados a la misma problemática) antes que la precedente y ya incorporada en el uso: “Criminalización de la protesta”.

Cabría por lo tanto preguntarse si en este caso se cumple asimismo una “criminalización”. Desde el punto de vista mediático no parece ser el caso, en cuanto las dinámicas de criminalización por vía periodística presentan una intervención gravitante del sistema de medios, que a través de una “reacción en cadena” genera una figura culpable en la opinión pública, que se manipula con ese fin.

Los distintos antecedentes de criminalización presentan esos ribetes, por ejemplo, si nos limitamos a nuestro país, en el caso de la ocupación del Codicen (2015) o en el de la “asonada” en la Suprema Corte de Justicia (2013), o incluso en el caso de las intervenciones del grupo Plenaria y Justicia en distintos tipos de denuncias, protestas o actos de repudio (“escraches”). En todos los casos el perfil imputable que se estigmatiza, a través de un conjunto gravitante de medios, corresponde a grupos o individuos signados por una condición atávica y malsana de marginalidad jurídica y política, rotulados con el término “radicales”. El adjetivo se toma en préstamo (y no por casualidad) de la concepción “poliárquica” (es decir, liberal-elitista) estadounidense.

En el caso de la imputación de Sarthou por parte de Neves y Corti, no se produce una reacción en cadena de medios, sino que la polémica queda circunscripta a dos medios de prensa (los semanarios Brecha y Voces) y ciertos ecos en las “redes sociales”, incluso después de las respuestas del imputado2 y de la defensa de este último que ha hecho Alfredo García,3 en nombre de principios democráticos. Ambas partes modulan, por otro lado, recaudos de expresión que sobre ciertas aristas posibles liman las imputaciones recíprocas. Por consiguiente cabe entender que se trata de una polémica limitada a determinado sector de opinión, en particular la tradición vinculada a la izquierda fundacional y a la lucha contra el Estado totalitario, prohijado en el Uruguay por la Guerra Fría. Asimismo un contexto sectorial compartido explica la contienda, en cuanto las posiciones que Sarthou ha desarrollado, en particular con relación a la “agenda de derechos” y a su componente feminista, han superado ampliamente -tomando un giro amenazante para cierta hegemonía-4 el marco de las alianzas que algunos sectores de movimientos sociales y el propio partido de gobierno se proponen fortalecer entre la opinión pública.

Pocos días después de iniciada la polémica con Aníbal Corti, el mismo Sarthou viene a ser imputado a través de una audición radial de antisemitismo, en cuanto sostuvo, con relación a las inscripciones sobre el Memorial del Holocausto, sucedidas recientemente en Montevideo, que no correspondía mancillar un monumento público, más allá de que cada uno debiera poder expresar libremente su opinión sobre una revisión histórica del Holocausto.5

La concentración de puntos de mira polémicos en una misma persona la posicionan, con el signo ideológico que se quiera, en determinado lugar de visibilidad pública. Pero H. Sarthou no pertenece a partido o institución colectiva ninguna, al menos con destaque público, como no sea el semanario Voces. Lo propio ocurre con su principal contradictor, Aníbal Corti, al menos si nos atenemos a los perfiles públicos de uno y otro.

Esta polémica presenta, por consiguiente, dos elementos anómalos pero significativos con relación a la “criminalización mediática de la crítica”: por un lado se desenvuelve enteramente en el campo de una conjunción entre medios y crítica, por otro lado no representa el involucramiento de sectores gravitantes del sistema de medios (en particular la radio y la televisión, pero tampoco un conjunto significativo de órganos de prensa en papel, incluso, periódicos electrónicos). Cabe por lo tanto suponer- bajo los debidos recaudos de observación y análisis, que este enfrentamiento entre polemistas, así como el perfil ideológico anómalo de Sarthou (entre inscripción de izquierda e imputaciones de connivencia con la derecha más conservadora), anuncian transformaciones en curso en la estructura de la opinión pública.

La total-iteración

Cierto ámbito mediático rodea una disputa entre particulares poco visible para el “Gran Público” (que Wolton vinculaba con el auge de la TV abierta), mientras en el escenario mundial se diluyen progresivamente los atributos de la soberanía en el plano institucional -por ejemplo, ante el desafío catalán, al tiempo que se encuentra cuestionada la hegemonía occidental -en particular, ante el surgimiento de potencias en Oriente. Esta situación se traduce, tanto en Europa como en los EEUU, por el rebrote de planteos totalitarios que prosperaron entre las dos guerras. En el caso del Uruguay estas tendencias han adoptado un carácter reflejo y vinculado a la escena mundial, por lo que el tema de la disputa desde un semanario (Brecha) al otro (Voces) también se articula, aunque de forma refractada, con ese escenario europeo y estadounidense de una remoción de registros de opinión.

Ultimamente se ha prestado especial atención a la reaparición de grupos de signo nazi-fascista en distintos países de Europa. Este rebrote no debe ser entendido como mera reacción autoritaria, lo que nos llevaría a la clásica -y fallida- lectura del fascismo como “reivindicación de un principio de autoridad suprema”, según una versión del poder obsoleta: como lo sostuvo Foucault, el poder no existe fuera de la sociedad, sino en el propio cuerpo social.6 En el presente todo poder supone, de forma aguda o no, la proyección tecnológica, perspectiva que permite enfocar tanto los sesgos totalitarios que se manifiestan por sectores, como la condición mediática de la disputa por la opinión publica.

Se cumplen en estos días dos años desde la publicación en este blog de “Medios de Dominación”.7 La publicación retomaba el texto oportunamente presentado en el evento Foro contra la criminalización de la protesta,8 que asimismo fue publicado en registro audiovisual del evento por ADES-Montevideo. Posteriormente Revista de Ensayos publicó los contenidos de esa intervención con modificaciones de estructura y planteo.9 En el mes de julio pasado quien suscribe presentó la ponencia “Criminalización mediática de la crítica en el Uruguay”, en el X Congreso de ULEPICC (Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura) que tuvo lugar en la ciudad de Quito. Finalmente sesionó en las Jornadas Académicas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que tuvieron lugar en setiembre pasado, el Grupo de Trabajo “Criminalización mediática de la crítica”, que contó con 4 ponencias y en total 11 participantes.

La denominación adoptada para ese Grupo de Trabajo transforma otra ya ampliamente acuñada: “criminalización de la protesta”. Se incorporan al antiguo título dos aspectos que lo potencian: por un lado se agrega el adjetivo “mediática”, que delimita en mayor medida el objeto de que se trata, por otro lado “protesta” es substituido por “crítica”, que atribuye un rango mayor al objeto de la criminalización.

La modificación adoptada surge de un relieve significativo de la hipótesis avanzada: la preponderancia que adquiere el vínculo mediado tecnológicamente habilita a postular que la escena política gravita en torno a la vinculación “a distancia”, es decir, mediada artefactualmente. Una presentación de la actualidad gobernada por los mismos medios convierte, asimismo, toda crisis en objeto de crítica y todo acontecimiento en una oportunidad para la crítica. La diferencia entre la crítica y la protesta es cardinal, ya que mientras la crítica supone y requiere la decisión, la protesta puede permanecer en la indignación. Esta diferencia entre pasar de un estado de opinión a otro y encontrarse afectado por un estado de cosas, supone un cambio de condición y de régimen, en los asuntos que involucran al común de los individuos.

Mientras la protesta supone un ciclo que envuelve a un cierto número de participantes y los compromete con una circunstancia que los afecta, la crítica exige de cada quién ser parte de un pronunciamiento multilateral y singular al mismo tiempo, de forma que lo común no precede, sino que prosigue a la participación. En varios trabajos se ha señalado que esa diferencia, entre el régimen de una participación por pertenencia y una participación por decisión, se manifiesta a través de la transformación del término “mediatización”.10 En la teoría social del siglo XVIII, es decir, del siglo en cuyo transcurso se forma la opinión pública como protagonista de la Ilustración, “mediatizar” se vinculaba al despotismo, habilitado por el derecho y la fuerza pública para excluir a quien fuera del vínculo común, encarcelándolo. Con el ascenso de las tecnologías mediáticas, el término “mediatización” ha pasado a significar el ingreso de un sentido en un canal programado de emisión.

La emisión programada captura el sentido y no el enunciador, de forma que éste ya se encuentra ante una decisión tomada cuando pretende ingresar en el vínculo que sea. Lo compartido por el común surge de antemano, por consiguiente, “mediado como interacción” (entre individuos) tanto como “mediatizado como sentido” (en la máquina),11 circunstancia poco feliz para la libertad si se la considera, con el criterio primigenio, como actividad de liberación. Una situación antropológica de esta índole edifica, según Virilio, un “Panóptico de luz”, donde ya no son necesarios muros de hormigón, porque la imagen que “media entre las interacciones” ya le dice, a cada quién, a que conviene aspirar.

Si se lee con ese criterio acontecimientos como el desalojo del Codicen en 2015, protagonizado por agentes policiales munidos de cámaras filmadoras, tanto como de instrumentos de protección y represión, se puede proyectar con verosimilitud la hipótesis de una “mediatización” (en el sentido tecnológico del término) de los asuntos del común. Pero el criterio teórico adoptado (“criminalización mediática de la crítica”) no se presenta general respecto al asunto, tiene que transitar como “dominante” entre los rasgos principales de la observación, sin poder tomarla a cargo en la integridad de su objeto, ya que ciertos elementos propios de la “protesta” permanecen incrustados en el conjunto observable (por ejemplo en el caso del desalojo del Codicen, el componente económico de la “revuelta estudiantil”).

El totalitarismo (en los distintos signos políticos que adoptó) requiere la totalización del sentido. De ahí que necesite admitir y excluir de forma perentoria y sin atenuantes. Es como tal totalización del sentido, un régimen de significación de la representación moderna. En cuanto esta no opera, como la representión clásica, con un criterio de equivalencia (propio a la matematización de la naturaleza) sino con un criterio de delegación objetiva (en francés el sentido filosófico “representación” se vincula ante todo con el reflexivo “se representer” -por ejemplo en Descartes- y no cunde definitivamente sino a partir del influjo del alemán Vorstellung hacia fines del siglo XIX).12 Por esa razón le es necesario (al régimen de significación de la representación moderna) totalizar la atribución de sentido en que se inscribe (“la realidad”), para otorgarle contenido particular a la delegación objetiva (propia a la razón moderna y no a la “derecha”, la “izquierda” o el “centro”). Tal genealogía de la racionalidad explica que el nazismo, los regímenes totalitarios pro-occidentales que surgen durante la Guerra Fría -particularmente en el cono sur de América Latina-, el estalinismo soviético o el período de los Khmers Rojos en Camboya representen por igual regímenes totalitarios, más allá de los emblemas ideológicos con que se embanderaron.

En la actualidad la atribución de sentido se desarrolla bajo un régimen de programación artefactual, de forma que puede prescindirse de la naturalización de la significación en un campo objetivo. En cuanto la realidad ingresa en un registro "virtual”, implica, como lo ha señalado Derrida, la "realidad implacable” de un “presente supuesto”13 y por consiguiente una “hiper-presentación” (desde el momento que el prefijo “hiper” denota la condición virtual, por ejemplo: “hipervínculo”). El totalitarismo de la razón moderna se prolonga, al presente, a través de un régimen de significación que orienta el sentido desde la propia programación del canal que lo emite y por consiguiente, totaliza por la propia proyección mediática del artefacto. La totalización mediática determina, asimismo, que la verdad se incorpore a cierto régimen de enunciación, programación y difusión de la significación, en el que ingresa paulatinamente el conjunto social y cada uno desde su ámbito particular. Para incorporarse a este régimen mediático que totaliza la verdad en razón de una artefactualidad (lo que llamamos “red de redes”), no es necesario ser experto en “nuevas tecnologías”, ni menos “nerd”, en cuanto la gestación de la actualidad informativa ya consigna (con-signa), en la recepción individual de cada uno, una condición artefactual de la experiencia.

El término que corresponde a tal alteración del régimen de verdad por artefactualización es “iterar”, que significa, para todo contexto (Derrida dixit) la repetición que altera.14 Así se puede programar la criminalización de toda opinión ajena, desde que se la pueda encuadrar en un contexto previamente diseñado por el artefacto: a piacere del imputador. Es posible elegir en la tienda de bestiarios distintos perfiles: fascista, misógino, corrupto, pedófilo, etc. No es necesario totalizar el sentido en un campo de realidad natural, sino que se puede incluso total-iterarlo en una “isla de edición”. El totaliterismo perfecciona el totalitarismo, en cuanto permite programar, desde cierta distancia de pantalla,15 que rostro en particular queda excluido, admitido, o inclusive, convenientemente exterminado.

1 Brecha publicó sobre Sarthou dos artículos en la misma edición: Neves, S. “Museo de grades novedades” Brecha (13/10/17) https://brecha.com.uy/museo-grandes-novedades/ y Corti, A. “Tercera posición” Brecha (13/10/17) https://brecha.com.uy/tercera-posicion/
2 Sarthou, H. “Brecha y la izquierda cosmética Voces (18/10/17) http://semanariovoces.com/brecha-la-izquierda-cosmetica-hoenir-sarthou/ 
3García, A. “Disparen sobre el columnista” Voces (18/10/17)
http://semanariovoces.com/editorial-vocesdisparen-columnista/
4Se anunció recientemente la revisión de la “Guía de Educación Sexual” promovida desde el ámbito gubernamental, ante múltiples protestas, cuyo inicio se vincula a un cuestionamiento periodístico por parte de Sarthou.
5Marchese, M. “Hoenir Sarthou, el Holocausto y la libertad”, Uy.press, Montevideo http://www.uypress.net/auc.aspx?80938,152 
6 Foucault, M. “Las confesiones de Michel Foucault” (entrevistas de Roger Pol-Droit) pp.11-12 http://www.taciturno.be/IMG/pdf/entrevista_foucault.pdf
8 Foro Contra la Criminalización de la Protesta, 6 de noviembre de 2015, Sindicato de Artes Gráficas, Montevideo.
9 Viscardi, R. “Pánico mediático y criminalización de la protesta” (2017) Revista de Ensayos No 4, 83-88, Montevideo.
10Viscardi, R. “La mediatización en la comunicación artefactual: algunas interrogantes vinculadas a la cuestión del sentido” ( 2013) Nhengatu, vol. 1, núm. 1 https://www.aacademica.org/ricardo.g.viscardi/2.pdf 
11Viscardi, R. Op.cit.
12Lalande, A. (1983) Vocabulaire technique et critique de la philosophie, PUF, Paris, pp.921-922.
13Derrida, J. (1998) Ecografías de la televisión (entrevistas de B.Stiegler), Eudeba, Buenos Aires, p.19.
14Derrida, J. “Firma acontecimiento y contexto” (extracto) p.8 
https://filologiaunlp.files.wordpress.com/2012/01/firma-acontecimiento-y-contexto.pdf 
15“Pantalla” del alemán antiguo “panzer-teile” (visera del yelmo), según el diccionario etimológico de Corominas.