El
Gran Elector de rector: el tercero excluyente
2ª
quincena, agosto 2014
Se ha señalado, en el
curso de un debate entre los candidatos a rector por la Universidad de la República, que las
diferencias que separan las respectivas propuestas serían relativamente
menores.[1] No
estamos, sin embargo, ante un tercer candidato, ni se involucran en la polémica
sectores externos a la institución, por más que la difusión que alcanza la
contienda por el rectorado parezca sin precedentes. Si se subraya que las
diferencias serían relativamente menores entre dos candidatos, forzosamente se
trae a colación una tercera referencia, un tercero excluido o incluido que
oficia como confirmación, ya sea de una dualidad acotada por un tercero, o de
una mediación entre opuestos.
No deja de sorprender,
por otro lado, que se perciba una relativa proximidad entre los programas
rectorales que presentan Markarian y Rico, ante cierto carácter de “debate electoral”
en el sentido más agudo: que no se priva de visos mordientes, incluso respecto
al período del rector saliente, en medio de una pugna destinada a ganarse la
voluntad del demos universitario. Las marcas de confrontación que ofrece el
contexto son asimismo mayores, como en el caso sin precedentes hasta ahora, de
un pronunciamiento dividido de la representación estudiantil en la Asamblea
General del Claustro.[2]
Tampoco dejan de
intervenir voces moderadas y moderadoras, que introducen digresiones relativas
al conocimiento personal de los candidatos, de sus galardones curriculares y de
su dedicación universitaria. Destinados a restituir un clima de antaño en elecciones universitarias, estos
intentos contribuyen, a raíz de una insistencia en limar las diferencias, a
subrayar que ha corrido agua bajo los puentes, en particular porque las buenas
intenciones parecen destinadas a restablecer el paso entre dos lados.
La virulencia que parece ganar terreno en esta
elección de rector, en particular si se la compara con las anteriores,
contrasta ante todo con la diligente aplicación con que la universidad pública
absorbió las ríspidas restricciones que le impuso, incluso en período de
bonanza macroeconómica, un gobierno que ilusionó a la misma casa de estudios.[3]
Ni siquiera una vez
cumplidas las metas que se le encomendaron por parte de una izquierda con
mayoría parlamentaria, se obtuvo con destino al ejercicio en curso un “adelanto
a cuenta del cumplimiento” en la Rendición de Cuentas de 2013. Ante la
hostilidad de la fuerza política a la que se consideraba hermanada por tantas luchas
del pasado, cundió en filas universitarias la parsimonia en las reacciones, por
no decir la resignación, en elocuente contraste con la movilización de los
demás sectores de la educación pública. Particularmente el magisterio y el
profesorado secundario no sólo ganaron la calle por sus reclamos, sino también
los medios, gracias a la primera impugnación gremial que se recuerde en el
Uruguay, del sistema político como tal.[4]
Incluso si se considera que las situaciones
relativas de las distintas ramas de la enseñanza en el mismo país no son
comparables (aunque de la correlación no salgan favorecidos los profesores
universitarios que se inician en la carrera docente), la atonía de las
reacciones que se manifestaron desde la “casa de estudios mayor” no pudo
provenir, ante la disminución presupuestal, sino de una desmovilización
interna. Tampoco explica esa indefensión relativa que el gobierno,
particularmente a través del propio presidente –quien se ocupó de corregir
(ideológicamente, claro está) a los docentes, haya parecido más indulgente con
los universitarios que con los maestros o los docentes de secundaria.
Entre la intensidad
polémica de hoy y la escasa movilización reivindicativa de ayer, así como por
oposición a la combatividad de las otras ramas de la enseñanza pública, se
levanta una referencia gravitante: el proyecto gubernamental para la enseñanza.
Quizás en ese proyecto se inspira la evocación, por parte de comentaristas, de
un tercero en cuestión, que habilita a considerar “menores” las diferencias
entre dos candidatos tan enfrentados, sin embargo, entre sí como por sus
propios apoyos.
Conviene entonces
preguntarnos que ha propuesto el gobierno, principalmente a través de la
elocuente propensión declarativa del presidente de la República, con relación a
la educación pública, pero de forma prioritaria para este planteo, con relación
a la Universidad de la República.
La propuesta de Mujica
ha reiterado un conjunto de elementos que conjugados entre sí presentan una
coherencia argumental, en cuanto se infieren unos de otros:
-la universidad debe
ponerse al servicio de la producción nacional
-la educación
universitaria de contenido letrado y crítico no hace sino propiciar egresados
improductivos y profesionalmente frustrados
-la biotecnología
encierra los contenidos académicos necesarios y suficientes para el desarrollo
agrario al que puede aspirar el Uruguay
Por más que estas
orientaciones adquieran, expresadas a través del estilo presidencial, un aire
desgranado y antojadizo, no dejan de
reflejar una coherencia que surge de la propia contrastación de tales
enunciados con las acciones gubernamentales:
-El equipo dirigente de
la ANEP se consolida una vez que Wilson Netto, docente de la enseñanza técnica,
quien representa por su propia especialidad profesional una orientación
educativa técnica y aplicada, ocupa la presidencia del Consejo.
-El parlamento con
mayoría absoluta oficialista y beneplácito
del Poder Ejecutivo, crea por ley una Universidad Tecnológica, a la que se
patrocinó oponiéndola a la Universidad de la República, con un designio
productivista vinculado principalmente al sector agrario.[5]
-El mismo Poder
Legislativo sólo aprueba recursos para la Universidad de la República con destino a la implantación en el interior del país y a
la construcción de edificios, bloqueando de esa forma el desarrollo académico
como tal, en particular de los grupos de investigación ya existentes y aquellos
en vías de consolidación.
La selectividad y
especificidad de las orientaciones declaradas y llevadas a cabo, así como la
coherencia entre unas y otras señala que se trata de un planteo que adjudica al
Uruguay un rol específico:
-reducir el ámbito
académico a la perspectiva tecnológica aplicada
-eliminar la formación
teórica de perfil universal
-identificar el saber
con el desarrollo económico
Un designio de
transformación radical de la sensibilidad y la orientación universitaria en el
Uruguay cuenta, desde la aprobación en 1958 de la Ley Orgánica de la
Universidad de la República, con un único antecedente: el surgimiento en los
años 90’ de un cuestionamiento del “corporativismo” y de la “ingobernabilidad”
que vino de la mano de la corriente denominada “publicacionismo”, a través de
la reivindicación de cierta “legitimidad académica”. El rigorismo que supeditaba la calidad docente
al reconocimiento académico en la post-graduación y en publicaciones arbitradas
–ante todo internacionales, fracasó sin embargo políticamente, acotado por las
tradiciones orgánicas de la modernidad en una institución particularmente
marcada, en su trayectoria histórica, por la incidencia de corporaciones
involucradas (partidarias, profesionales y gremiales). A una desacertada
lectura del contexto –quizás concomitante a cierta simplificación formalista
del saber, los “publicacionistas” sumaron, como factor adverso, la disminución
presupuestal de la universidad pública por parte de los partidos tradicionales,
que incluso se agravó con la crisis de año 2002, cuando el Uruguay se encontró
al borde del default. El proyecto que intentó desmarcarse de la gravitación
pluri-sectorial del cogobierno y de la consiguiente concomitancia de una
diversidad de intereses en el conjunto de la sensibilidad universitaria, se vio
privado de viabilidad política, tanto por el propio arraigo social de la
institución en las tradiciones orgánicas del país, como por la magnitud de la
crisis que reforzó el recurso histórico a las bases movilizadas.
La candidatura de Tuyá
en 1998 cerró para la corriente de opinión que lo sustentaba la posibilidad de
una hegemonía universitaria, entre otras razones y quizás ante todo, porque reducía
el carácter de proyecto universitario, o sea de un desarrollo universal del
saber, al mero designio académico, sustentado a su vez en un posicionamiento del
saber en el aparato tecno-económico que siguió a la 2ª Guerra Mundial. El
acento puesto en la producción arbitrada y en la reducción del peso de la
gestión entre las responsabilidades universitarias, fracasó maniatado por cierta
aversión narcisista al fárrago de la contienda política, pero también pautado
por la prolongada disminución de los recursos universitarios por parte de la
derecha, circunstancia que condenaba avant
la lettre toda puesta entre paréntesis de la militancia orgánica.
El fracaso político
determinó sin embargo rumbos soterrados para este proyecto “publicacionista”,
en cuanto una quimérica sustitución del “capital económico” por el
“emprendedurismo” del “capital tecnológico” alentó,[6] durante el rectorado de Arocena, que el formalismo tecno-científico continuara
vigente en el interior de las estructuras universitarias. Antes de finalizar el
primer rectorado de Arocena (en 2006) accedía a la presidencia Mujica (en 2009),
con su inefable proyecto de liquidar el saber teórico para promover el
desarrollo económico, que galvanizó en una única “ofensiva contra la
autonomía”, tanto la tradicional política anti-universitaria de la derecha como
la sumisión de la tecnocracia –genealógicamente apartidaria- a las evaluaciones
internacionales. Conviene recordar, para considerar el sesgo que se incorpora
bajo el expediente de “procedimientos de evaluación”, que la “evaluación de
resultados” se vincula, desde la perspectiva que la asocia al desarrollo
productivo, con una supeditación de la calidad educativa a los criterios de
medición del mercado.[7]
Un academicismo que
soterraba su aversión a la política refugiándose entre las bambalinas del
sistema político, incluso y ante todo en el gobierno, se complementa simétricamente
con una índole del poder político sometido al desarrollismo tecnológico de las
corporaciones empresariales –de más en más gobernadas por la “economía del
conocimiento” y por las megaempresas sustentadas en el potencial tecnológico. Se configuró así una alianza curiosa pero efectiva entre sensibilidades antaño distantes: a una despolitización del saber le corresponde, en escala de viabilidad política,
una supeditación de los partidos al desarrollo tecnológico, en particular
visible ante el par “medios-encuestas”.[8]
Esta propensión a
desafiliaciones recíprocas y complementarias entre docentes academicistas y
políticos profesionales están muy lejos de ser caprichosas o arbitrarias. La
integración tecnológica del poder económico después de la 2ª Guerra Mundial y
muy particularmente, desde el fin del siglo pasado, supuso la progresiva
disolución del conocimiento enciclopédico en la producción y gestión
artefactual de información (que incorpora a los académicos a través de los
sistemas de arbitraje y difusión de publicaciones). El tenor académico
narcisista del proyecto “publicacionista” continuó latente incluso bajo el “protagonismo
de la sociedad” que supuestamente propició el rectorado de Arocena, al tiempo
que la base tecno-económica que lo sustentaba le abría ventanas de desarrollo
asociado al extranjero, particularmente en razón de una creciente integración internacional
de los aparatos tecno-científicos. Esta doble determinación cientificista
generó en el país cierto clima de “República de ingenieros”.[9]
Sin duda no todo ha sido
coherencia en las disposiciones tecno-gubernamentales, en particular porque la
inspiración original del planteo “publicacionista” provenía de la crítica del
corporativismo, inscripta en el movimiento anti-totalitario que se inicia en
los años 60’. Esa sensibilidad se origina en las universidades y
particularmente en el movimiento estudiantil, razón por la cual democratiza la
significación del liberalismo. Esta democratización interviene particularmente
en la génesis de los “movimientos sociales” –que encuentran una expresión
primigenia en el movimiento estudiantil- y le da un arraigo inédito, por contraposición
a la coerción institucional del poder de
Estado, que en el mismo período de la Guerra Fría comienza a ser permeado por
los bloques geopolíticos. El signo político del purismo académico se
transforma, sin embargo, una vez que durante los años 90’ la pugna entre
bloques geo-políticos cede paso a la hegemonía tecnológica vinculada a la
competencia económica. En un contexto de “fin de la historia” –a traducir por
uniformidad neo-hegeliana de razón y realidad- la educación se convierte,
particularmente en el registro de “calidad educativa”, en una bandera de
“desarrollo social”, oportunamente adoptada por el FMI y particularmente por el Banco Mundial
(proyecto para las universidades de 1998, o el propio “proyecto Rama” para la
ANEP bajo Sanguinetti).
La contradictoria
génesis del proyecto tecno-académico (entre su origen democrático en el rol de
las universidades en los 60’ y la supeditación a la homologación internacional
de procedimientos-recursos) subsiste en
los elencos gubernamentales que lo incorporan en tanto “racionalidad mundial
sin alternativa” (por ej. los “acuerdos de Bolonia”). Tales contradicciones quedaron al
descubierto cuando el poder ejecutivo percibió que no controlaba los hilos del
proceso, tal como sucedió con la elección de presidente de la ANII (Agencia
Nacional de Investigación de Innovación) a inicios de 2013,[10] o
en la creación de la Academia de Ciencias, que parece expresar un intento de
reagrupamiento de sectores vinculados a la academia tradicional. El destino de
la disputa entre “tecnólogos
empresariales” y “científicos básicos”
ya está, sin embargo, laudado en sus grandes líneas por el desarrollo mundial y
particularmente, por la dependencia de los “básicos” ante los propios recursos
que sólo justifican, desde la perspectiva “ciencia y tecnología” que levantan
unos y otros por igual, los tecnólogos. El invento (de justificar socialmente a
la ciencia por la tecnología) habrá, en una figura paradójica si las hay,
matado al inventor.
Varios comentaristas han
asociado la candidatura de Markarian con el “academicismo”.[11]
Sin embargo, parece que debiera descartarse esa identificación, no sólo por la
sólida convicción enciclopédica que exhibe Markarian respecto al papel de la
universidad, sino ante todo porque pretende, desde esa misma perspectiva, la
viabilidad de cierto “dad al César lo que es del César”.[12]
No habrá sin embargo posibilidad de acotar la bulimia de tecnología del poder político, ante todo,
porque la desnutrición que sufre es efecto de una incapacidad de asimilación. El gran drama del sistema político en la
actualidad, es que la tecnología lo deja desprovisto de margen de decisión
propia, como no sea en razón de los dictados de la propia tecnología, o sea, en un
papel redundante. Véase sino el “índice de confianza de la población”, en un
ejercicio comparativo entre partidos y medios de comunicación.[13]
Lo anterior no quiere decir que entre quienes apoyan a Markarian no milite un
buen número de “publicacionistas”, sino que el destino de estas convicciones no
apunta en el presente a la universidad, sino a aparatos integrados globalmente,
con participación del sistema político.
Por otro lado se ha
asociado la candidatura de Alvaro Rico a las orientaciones de “ciencias
humanas” y “ciencias sociales”. Sin embargo, la característica de estas
orientaciones en el presente (baste con nombrar a Foucault y su posteridad,
entre tantos otros) consiste justamente en poner en cuestión la inscripción del
saber en el Estado. Ahora, precisamente Rico toma como ejemplo del proyecto
universitario que propugna la integración entre el Mides y la Facultad de
Ciencias Sociales.[14]
Es más, su propuesta de defensa de los “derechos humanos” los identifica como
un contenido positivo, que habilitaría una programación consecuente con esa
referencia.
Baste ver, para considerar los efectos de una confusión entre
los DDHH y el Estado, la órbita jurídica de la Institución Nacional de Derechos
Humanos, que se limita a la denuncia de situaciones, sin poder ejercer ninguna
acción que no sea por la vía de los humanos titulares de los derechos en cuestión.[15]
Esta circunstancia institucional ilustra hasta qué punto los derechos humanos
son cuestión de los individuos personales y colectivos, de cara a las
instituciones, por lo que resulta lesivo pretender que los DDHH puedan integrar
una referencia programática estatal, como en el caso de la plataforma
levantada, bastante antes de la postulación de Alvaro Rico, por el propio
Tabaré Vázquez. La simpatía que sugiere Rico entre la universidad y las
estructuras de representación pública –gremiales y gubernamentales
particularmente- no se encuentra bien auspiciada, sobre todo en razón de la
“fidelidad contrariada” que se pusiera de manifiesto, por parte de la misma
universidad, al final del rectorado de Arocena.
Ni “tercero excluido”
ni “tercero incluido”, la sombra que posiciona las diferencias entre Rico y
Markarián como “menores”, proviene de un “tercero excluyente” que no deja
margen para nadie más. Quizás por esa razón, la integración mundialista en
torno a la tecnología, pautada por la supeditación del saber a la
artefactualidad que determina la actualidad -que al decir de Derrida “para
saber de qué está hecha, no es menos preciso saber que lo está”-[16] y
la subsiguiente globalización mediática, no necesita hacerse presente con una
candidatura propia, en tanto permanece dispuesta a anular toda alternativa.
Quizás desde la perspectiva en que se inspira la crítica del “pensamiento
único”, haya que recordar que si es “único” no es “pensamiento”.[17]
De ahí que el afuera no pueda sino cundir, como en el caso de la identificación
entre el movimiento estudiantil y el “no
a la baja” (de la edad de imputabilidad penal), además, un 14 de agosto.
[1] Ver las
opiniones de Radi en Da Silva, M. “Justifique” Sala de Redacción-FIC http://sdr.liccom.edu.uy/2014/07/15/justifique/
y de Caetano en Rómboli, L. “Ideas
rectoras” La Diaria (11/07/14)
http://ladiaria.com.uy/articulo/2014/7/ideas-rectoras/
[2] “Por primera
vez la FEUU está a punto de votar dividida al rector” El Observador (16/08/14) http://www.elobservador.com.uy/noticia/285669/por-primera-vez-la-feuu-esta-a-punto-de-votar-divido-al-rector/
[3] Este blog se
desmarcó desde la propia campaña de Mujica de esa ilusión: “Carta abierta al
presidente electo Sr. José Mujica” http://ricardoviscardi.blogspot.com/2009/12/carta-abierta-al-presidente-electo-sr.html
[4] Marti, J.
“Impulsan plebiscito para que legisladores tengan sueldos de docentes” 180.com.uy (29/06/13) http://www.180.com.uy/articulo/34187_Impulsan-plebiscito-para-que-legisladores-tengan-sueldos-de-docentes
[5] “Oposición
reclama participar en elección del rector de la UTEC” El Observador (10/01/13) http://www.elobservador.com.uy/noticia/241052/oposicion-reclama-participar-en-eleccion-de-rector-de-la-utec/
[6]
Ver al respecto Ramírez, R. “Otras fugas” (entrevista a Judith Sütz) La Diaria (17/06/14) http://ladiaria.com.uy/articulo/2014/6/otras-fugas/
[7] Ruiz, C. (2010)
De la República al mercado, Lom,
Santiago de Chile, pp.145-146.
[8] Ver al respecto
Viscardi, R. (Entrevista de Leonardo Flamia) Semanario Voces, “Las redes sociales y la sensibilidad del 68’”, 29 de mayo
de 2014, pp.10-11.
[9] Richero, S. “La
Factoría” Brecha (15/04/14) Brecha
[10] “Batalla política
en la designación del presidente de la ANII” Uypress (18/04/13) http://www.uypress.net/uc_39424_1.html
[11]
Flores, M. “¿Más reforma universitaria o contrarreforma academicista?” La Diaria (31/07/14) http://ladiaria.com.uy/articulo/2014/7/mas-reforma-universitaria-o-contrarreforma-academi/
[12] En el audio de
la exposición de Markarian en “Exponen Rico y Markarian” La Onda Digital 684 (11/08/14) http://www.laondadigital.uy/archivos/2539
[13] “La mayoría de
los uruguayos no confía ni en los partidos ni en el Parlamento” El País http://www.elpais.com.uy/informacion/confianza-uruguay-partidos-parlamento-medios.html
[14] En el audio de
la exposición de Rico en Op.cit.
[15] “Funciones” INDDHH http://inddhh.gub.uy/funciones/
[16] Derrida, J. (1998)
Ecografías de la televisión, Eudeba,
Buenos Aires, p.15.
[17] Baudrillard, J. (2000) Mots de passe, Fayard, France, pp.99-100.
